Nuestro país estrena una nueva constitución que consta de 277 artículos y 19 disposiciones transitorias, la cual entró en vigencia el pasado 26 de enero, pero a pesar de los cambios realizados que contribuyen al mejoramiento social, existen aspectos negativos que perjudican y limitan los derechos de la ciudadanía.
En ella se incluyeron algunos puntos positivos que no se incluía en la anterior, como la prohibición de la reelección consecutiva, la creación del Defensor del Pueblo, la prohibición de que sean reintegrados los militares y policías que hayan violado la ley, la obligación de invertir en educación de una manera creciente y sostenida, la prohibición del establecimiento, por espacio de 10 años, de los funcionarios que fueron destituidos por el Senado y la rendición de cuentas por parte de los legisladores.
También consigna en su artículo 7 que la República Dominicana es un Estado social y democrático de Derecho, estableciendo el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales y la separación e independencia de los poderes públicos.
A pesar de estos aspectos, es cuestionable como los partidos y algunos funcionarios políticos incluyendo los de la oposición la aceptan como bueno y válido sin escuchar la opinión de la ciudadanía, porque la realidad es que la mayoría de los ciudadanos desconocen que fue modificada y que ya está en vigencia. Al parecer tienen un marcado interés por modificar las leyes a su manera.
Nuestra constitución ha sido un retroceso en otros aspectos, especialmente el artículo 15 relativo al medio ambiente que establece el libre acceso a los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales, pero conservando el derecho de propiedad privada. De esta forma se privatiza sutilmente nuestras playas y los recursos naturales los cuales son explotados por la alta sociedad.
En su artículo 16, se establece que el Congreso tiene la facultad para reducir las áreas protegidas. Con esta modificación se perjudica la naturaleza y se da más libertad a los empresarios para que puedan apropiarse de estas áreas sin ningún impedimento.
Asimismo en su artículo 55 titulado “Derechos Colectivos Y Difusos” fue eliminado el derecho a tener una administración pública honesta y transparente, con esta supresión queda claro que los legisladores moldearon la Carta Magna a su manera, de modo que no afecten sus intereses, favoreciendo así el clientelismo y la corrupción.
Otra observación importante es que en ningún articulo se establecen sanciones para aquellos congresistas que no asistan a sus labores sin causa justificada, este fue uno de los puntos que debieron tomar en cuenta, en vista de que algunos de ellos no asistieron a sus labores por un largo periodo, pero recibían sus salarios sin que ninguna autoridad penalice ese acto de corrupción.
Esto quiere decir que las autoridades apoyan de manera indirecta esta práctica y que los funcionarios tienen plena libertad para decidir si asisten o no a sus labores, ya que seguirán en el puesto hasta agotar su periodo. ¡Que pena!
Aunque la carta magna fue rechazada por una gran parte de la población, ya es un hecho, por lo tanto el gobierno debe elaborar una campaña de distribución a toda la ciudadanía a fin de que conozcan cuales son sus derechos y deberes ante el Estado.
En ella se incluyeron algunos puntos positivos que no se incluía en la anterior, como la prohibición de la reelección consecutiva, la creación del Defensor del Pueblo, la prohibición de que sean reintegrados los militares y policías que hayan violado la ley, la obligación de invertir en educación de una manera creciente y sostenida, la prohibición del establecimiento, por espacio de 10 años, de los funcionarios que fueron destituidos por el Senado y la rendición de cuentas por parte de los legisladores.
También consigna en su artículo 7 que la República Dominicana es un Estado social y democrático de Derecho, estableciendo el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales y la separación e independencia de los poderes públicos.
A pesar de estos aspectos, es cuestionable como los partidos y algunos funcionarios políticos incluyendo los de la oposición la aceptan como bueno y válido sin escuchar la opinión de la ciudadanía, porque la realidad es que la mayoría de los ciudadanos desconocen que fue modificada y que ya está en vigencia. Al parecer tienen un marcado interés por modificar las leyes a su manera.
Nuestra constitución ha sido un retroceso en otros aspectos, especialmente el artículo 15 relativo al medio ambiente que establece el libre acceso a los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales, pero conservando el derecho de propiedad privada. De esta forma se privatiza sutilmente nuestras playas y los recursos naturales los cuales son explotados por la alta sociedad.
En su artículo 16, se establece que el Congreso tiene la facultad para reducir las áreas protegidas. Con esta modificación se perjudica la naturaleza y se da más libertad a los empresarios para que puedan apropiarse de estas áreas sin ningún impedimento.
Asimismo en su artículo 55 titulado “Derechos Colectivos Y Difusos” fue eliminado el derecho a tener una administración pública honesta y transparente, con esta supresión queda claro que los legisladores moldearon la Carta Magna a su manera, de modo que no afecten sus intereses, favoreciendo así el clientelismo y la corrupción.
Otra observación importante es que en ningún articulo se establecen sanciones para aquellos congresistas que no asistan a sus labores sin causa justificada, este fue uno de los puntos que debieron tomar en cuenta, en vista de que algunos de ellos no asistieron a sus labores por un largo periodo, pero recibían sus salarios sin que ninguna autoridad penalice ese acto de corrupción.
Esto quiere decir que las autoridades apoyan de manera indirecta esta práctica y que los funcionarios tienen plena libertad para decidir si asisten o no a sus labores, ya que seguirán en el puesto hasta agotar su periodo. ¡Que pena!
Aunque la carta magna fue rechazada por una gran parte de la población, ya es un hecho, por lo tanto el gobierno debe elaborar una campaña de distribución a toda la ciudadanía a fin de que conozcan cuales son sus derechos y deberes ante el Estado.
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